Contiene una propuesta técnico-legal que apunta al desarrollo de estrategias productivas sostenibles que involucren actividades prácticas alternativas que permitan la mitigación y prevención de efectos negativos y la generación de una nueva cultura en el manejo de los recursos reconociendo así mismo los bienes y servicios generados por actividades productivas sanas con el ambiente, aportando elementos de competitividad en términos de valor agregado y de respuesta a las exigencias de mercado tanto internacionales como nacionales. Contiene los fundamentos constitucionales que determinan la obligación del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar sus desarrollo sustentable, su conservación, restauración o sustitución; los fundamentos legales contenidos en el Convenio de las Naciones Unidas, sobre biodiversidad biológicas; el Plan Nacional de Desarrollo, la política de manejo social del campo, y la Ley General del sector Agropecuario